El 22 de junio de 1772 un tribunal británico sentenció que a ninguna persona esclava se la podía sacar de la isla en contra de su voluntad para venderla fuera. La sentencia se fundamentaba en que la esclavitud nunca se había autorizado en Inglaterra. Casi once años después terminaba el litigio entre una compañía de seguros y la naviera negrera que le reclamaba una indemnización por la pérdida de parte de la mercancía: unos 130 esclavos que «habían tenido que tirar por la borda». Al cabo de doscientos cincuenta años miro alrededor y sigo viendo repetirse esas mismas historias.