A la sazón, se calculaba que en el país acechaban soterrados unos dos millones de dispositivos cuya retirada podría durar entre dos y ocho decenios con un coste anual aproximado de 30 millones de dólares. Colocados durante la guerra de independencia, primero (1964-1974), y la civil, después (1977-1992), los artificios explosivos se habían instalado en algunos casos para cerrar las fronteras, con Sudáfrica y Zimbabwe, o para proteger infraestructuras como la presa de Cahora Bassa, sus más de 1800 km de tendido eléctrico y sus accesos; en otros, simplemente para amedrentar a la población haciendo peligroso el tránsito por caminos y carreteras o el acceso al agua, a los campos de cultivo, a los lugares de pesca…
Acabada la guerra, las minas contrapersonal quedaron esparcidas por todo el país, aunque con diferentes grados de concentración, y han condicionado la posguerra de Mozambique no solo por el coste del desminado, que se cifra en unos 220 millones de dólares, sino por las consecuencias económicas, sociales y humanas que ha legado tan letal siembra.
Aunque el Gobierno indicaba en 2009 que el número total de víctimas ascendía a 10 900, resulta difícil establecer a cuántas personas han herido, mutilado o matado las minas antipersonal, pues no todos los incidentes se notificaban, sobre todo al principio de la posguerra, y en estas cifras tampoco se incluye a los heridos durante el conflicto armado. De hecho en 1994, se calculaba que el número de personas mutiladas superaba las 8000.
Hoy el riesgo de tales percances se ha reducido considerablemente porque, a pesar de que como indicaba el director del Instituto Nacional de Desminagem, Alberto Maverengue, pueden ocurrir accidentes aislados —como sigue pasando con los remanentes de la Segunda Guerra Mundial en Europa—, se han limpiado todas las zonas de las que se sabía que estaban contaminadas y se han removido unos 300 000 dispositivos.
Más de dos decenios se ha tardado en desminar el país, no obstante han sido muchos menos de los previstos. A esto han contribuido la voluntad política de los gobernantes, el uso de los medios adecuados y la colaboración de la comunidad internacional, así como labor técnica de las organizaciones APOPO, HALO Trust, Handicap International, Norwegian People’s Aid (NPA), el ejército mozambiqueño y diversas empresas, pero, sobre todo, miles de artificieros también mozambiqueños, civiles y, en gran parte, mujeres.
Para ampliar detalles, v. fuentes:
«Moçambique declara fim de minas antipessoais», Portal do Governo de Moçambique, 18 de septiembre de 2015.
http://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Mocambique-declara-fim-de-minas-antipessoais
«Mozambique: Landmine Clearance Success Shows a Mine-Free World is Possible», International Campaign to Ban Landmines, 17 de septiembre de 2015.
http://www.icbl.org/en-gb/news-and-events/news/2015/mozambique-completes-mine-clearance.aspx
Landmine & Cluster Munition Monitor
http://www.the-monitor.org/en-gb/home.aspx
Lucía Alonso Ollacarizqueta, «Las minas antipersonal: del problema humanitario a la crisis política», Papeles de cuestiones internacionales, n.º 63, 1998, pp. 111-116.
Lucía Alonso Ollacarizqueta, «Las minas antipersonal», en M. Aguirre y T. Osorio (eds.), Guerras periféricas derechos humanos y prevención de conflictos. Anuario CIP 1998, Icaria/Centro de Investigación para la Paz, Barcelona, 1998, pp. 149-160.
Lucía Alonso Ollacarizqueta, Enemigos invisibles, campos de la muerte. Las minas antipersonal, Centro de Investigación para la Paz / Seminario de Investigación para la Paz Informe n.º 13 1995 Madrid / Zaragoza, 1995.
http://www.seipaz.org/minas.htm
Lucía Alonso Ollacarizqueta, «Las minas terrestres en África: el terror después de la guerra», Papeles. Cuestiones internacionales de paz, ecología y desarrollo, n.º 5, verano 1994, pp. 43-49.