Mediaba 1986 y yo trabajaba en Harare, Zimbabwe, cuando la hermana de una colega anunció entusiasmada que se iba de compras a Sudáfrica. Miré a mi compañera buscando en su rostro una respuesta de decepción o incluso enojo, pero apenas reaccionó.
A mí me sorprendió que una persona negra no tuviera reparos en plegarse a la legislación segregacionista para hacer algo aparentemente tan frívolo como adquirir cosméticos y similares o mirar escaparates.
Pero pensándolo después, me di cuenta de que, por un lado, el comercio de Zimbabwe carecía de muchos de los productos que se podían conseguir en el país vecino. Por otro, mi juicio era tachoso debido a mi condición de extranjera que podía viajar a otros lugares donde aquellos artículos deseados eran asequibles.
En cualquier caso, el dilema de comprar o no en la Sudáfrica del apartheid o incluso de utilizar sus puertos para importar o exportar enseres no era una cuestión meramente personal.
Los gobiernos, las organizaciones de cooperación y otras entidades, que se declaraban firmemente contrarios al sistema de racismo legislado, se veían a menudo abocados a renegar de sus principios y a saltarse los acuerdos sobre las sanciones impuestas al país en el que regía la discriminación racial.
Ya en 1970 Botswana, Zambia y Tanzania —que tras alcanzar la independencia habían establecido gobiernos de corte socialista— pactaron hacer un frente común, conocido como Frontline States (Estados de la Línea del Frente), para oponerse a las políticas discriminatorias de Sudáfrica y Rhodesia, así como a las colonialistas practicadas en Angola y Mozambique.
Cuando estos dos últimos alcanzaron la independencia en 1975, se decantaron por forjar estados marxistas, con lo que se ampliaba lo que unos analistas calificaban como «el avance de la amenaza comunista» y otros como «la progresiva liberación del yugo colonial».
Los dos nuevos estados independientes se unieron a la alianza de los Frontline States en su denuedo por coordinar respuestas al apartheid y formular políticas comunes. Y en 1980 lo hizo finalmente Zimbabwe (antes Rhodesia).
En abril de aquel año los miembros de la alianza, a la que también pertenecían Lesotho y Swaziland (hoy Eswatini), se reunieron en Lusaka para firmar el manifiesto de la Southern African Development Coordination Conference o SADCC. Buscaban reducir su dependencia económica de Sudáfrica coordinando sus políticas de desarrollo integrador.
A pesar de los costosos esfuerzos, a mitad de la década de los ochenta, en Zimbabwe seguía siendo más barato importar a través del puerto de Durban, en Sudáfrica, que del de Beira, en Mozambique, y también lo era importar del país del apartheid determinadas manufacturas, recambios e incluso alimentos.
